Aragón mantiene su pulso a Sánchez sobre el reparto de menas: «Los utilizan como moneda de cambio»

Aragón mantiene su negativa de aportar información sobre el registro de menas solicitado por el Gobierno de Sánchez el pasado marzo, que llevaron ante el Tribunal Constitucional, y que está pendiente de resolución. El PP considera que los menores están siendo utilizados «como monedas de cambio» para sostener el apoyo de sus socios en la legislatura.

En este pulso entre Sánchez y Azcón, la ministra de Migraciones, Elma Sanz, criticó este domingo que la postura del PP en Aragón –la única comunidad que se ha negado a entregar dicho registro– «rozaba la crueldad».

El Gobierno de Aragón se defiende de estas acusaciones. «Estas declaraciones son inaceptables», ha tachado la vicepresidenta del Gobierno de Aragón y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, este lunes en rueda de prensa.

Además ha tachado, tanto a la Delegación del Gobierno como al Ministerio de Elma Sanz, de incumplimiento de sus competencias materia de inmigración. “Es una absoluta irresponsabilidad y deslealtad eludir responsabilidades”, ha denunciado.

El reparto de menas en Aragón

El Ejecutivo de Azcón se ha defendido nuevamente este lunes al denunciar que los menores no acompañados son utilizados «como monedas de cambio, como peaje», señalando la situación de incertidumbre y abandono que ocasionan las políticas migratorias del Gobierno de España a las comunidades, en concreto a Aragón. «Nosotros lo que hacemos es defender a los aragoneses de unas políticas insolidarias», ha sostenido.

En este sentido, Vaquero ha apremiado al Gobierno de España que de respuesta «a las más de 40 personas que están siendo atendidas por los servicios sociales del Ayuntamiento de Zaragoza y que han sido expulsados y viven en la calle al cumplir tres meses del programa de protección internacional».

Además, desde el Ejecutivo de Azcón han propuesto auditar cómo están atendiendo, tanto en condiciones y medios, «a las madres con hijos menores de edad que están en cualquiera de los programas de atención humanitaria y del sistema de acogida de protección internacional que son responsabilidad del Ejecutivo central en varios puntos de la comunidad».

Para el Gobierno de Aragón, el Real Decreto por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias –del 18 de marzo– es «inconstitucional». «Nuestra posición está apoyada por informes», ha recordado.

La postura tomada por el PP en Aragón en relación al registro de menas coincidió con el proceso de negociación para los presupuestos autonómicos para cuya aprobación Vox pedía un rechazo contundente respecto a la acogida de menores, pese a que después las conversaciones no se materializaron en ningún acuerdo.

Por otro lado, el PP justifica que su posición contra este Decreto conculca «con todos los consensos que hasta ahora regían en lo relacionado con la atención a estos jóvenes, que se acordaban en las Conferencias Sectoriales, con lo que se ha quebrado los principios de igualdad y solidaridad entre las comunidades autónomas, una vez más, en favor de los intereses que nada tienen que ver con la atención a estos menores vulnerables».

La vicepresidenta aragonesa lamenta que este decreto viene impuesto «a cambio de unos apoyos del Gobierno», en concreto, de «Junts al PSOE». Desde el Ejecutivo aragonés apuntan a este respecto que, según certifica el último informe de Nuevo Futuro en colaboración con el Ministerio de Juventud e Infancia, las comunidades autónomas «que más plazas de menores extranjeros no acompañados han destruido desde 2021 han sido Cataluña y Navarra».

«Es precisamente el Gobierno de España quien tiene todavía que responder al Tribunal Supremo sobre qué va a hacer para atender a más de un millar de menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están a cargo de los servicios de protección de menores de Canarias», ha añadido Vaquero.